¿La caza pone en peligro la calidad democrática en Castilla y León?.

Este miércoles 27 de marzo las Cortes de Castilla y León  modificaron la ley de caza. No para hacer una ley mejor,  más sostenible o más eficiente, si no básicamente para saltarse una sentencia judicial.  Una medida cautelar impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que prohibía la caza. El motivo principal de esta prohibición era que el tribunal consideraba que la Junta de Castilla y León no había presentado unos estudios científicos objetivos y actualizados que indicaran cuál era el estado de las especies, de tal modo que no se podía justificar su caza sin poner en riesgo su supervivencia.

               El auto antepone la protección de la fauna a cualquier otra consideración económica… cosa lógica ¿no?. Si se quiere utilizar el agua de un pantano es conveniente saber cuánta agua se tiene almacenada para así poder decidir cuál es la cantidad que se puede  gastar. Es simplemente no querer matar a la gallina de los huevos de oro. Si no se conoce la situación de partida de las especies y su evolución ¿cómo se van a decidir los cupos y cuánto se puede cazar ?. Seamos serios y profesionales, el conocer estos datos debería interesar en primer lugar a los propios cazadores para así poder adecuar su afición a las condiciones particulares de cada año, pudiendo tener así una actividad más acorde a la realidad… pero eso no ha ocurrido, ni con los cazadores ni con los principales partidos políticos de la región ya que la modificación contó con los votos a favor del PP, PSOE y Ciudadanos (sumando 72 procuradores) y con la abstención de Podemos (10 procuradores).

              Aunque lo realmente preocupante es el mensaje que se manda. La democracia se basa en el respeto y en la confianza en unas instituciones, la Administración debería ser ejemplar y ser la primera en cumplir las sentencias judiciales. Cambiar la normativa para no cumplir una sentencia judicial muestra una imagen reprobable de quien se cree que está por encima de la justicia. La actuación de la Administración debería ser ejemplar, respetando a las instituciones y su criterio, porque si no… ¿qué mensaje se está mandando? ¿que la ley la cumplan otros?.

La impresión que parece que se manda es que la ley no es igual para todos y que el poder económico está por encima de todo. Antonio Machado en una de sus citas más famosas decía  “todo necio confunde valor y precio” (Proverbios y Cantares, LXVIII). No seamos necios. Porque con decisiones así… ¿hacia dónde vamos?. Recuperemos la sensatez.  Cosas así no por favor, por respeto democrático y sostenibilidad ambiental.